Raúl Mestre
El caso de los diez integrantes de la familia Vives Lacouture involucrados en el supuesto desvío de recursos destinados al retorno de campesinos a zonas rurales del país, mediante el programa Agro Ingreso Seguro, está como para alquilar balcones.
Según los abogados de los Vives, el caso debe ser trasladado a un juez de Santa Marta y según la fiscalía la imputación de cargos debe hacerlo uno de Bogotá, Por eso el juez 48 de la capital de la república, no pudo realizar la audiencia de formulación de imputación contra los diez integrantes de la familia Vives Lacouture, la cual como se sabe, fue postergada para el 10 de mayo cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determine a cuál de los dos jueces corresponde la facultad legal de asumir el proceso.
En consecuencia, la situación de Álvaro Luis Vives Lacouture, Inés Margarita Vives Lacouture, Roberto Eusebio Vives Lacouture, María Teresa Vives Lacouture, Patricia Vives Lacouture, José Francisco Vives Lacouture, Silvia Rosa Vives de Sánchez, María Luisa Zúñiga Vives, Silvia Rosa Campo Vives y Roxana María Castro Solano le corresponderá resolverla a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia esperan en santa marta impacientes quien debe asumir el proceso.
De otra parte se supo que Enrique Antonio Angarita, un ingeniero de Santa Marta que por casi dos años estuvo oculto para los organismos de control, será una de las fichas claves para llegar a la verdad.
El fiscal Anticorrupción Martín Moreno, anunció que le imputará cargos por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Angarita, según las investigaciones, fue el puente entre las poderosas familias del Magdalena que recibieron más de un subsidio millonario y los funcionarios del IICA y el Ministerio de Agricultura encargados de administrar AIS.
El ingeniero, proveniente de una reconocida familia de Ciénaga, era una de las cabezas de “Petz Limitada”, firma que elaboró todos los proyectos de riego que terminaron premiados, a través de una polémica maniobra de fraccionamiento, con más de una ayuda millonaria entregada por el Estado
"Lo que señalan las investigaciones es que había una especie de formato administrado por Angarita, que era un asesor particular, con los nombres y predios que recibirían los beneficios. Se investiga si, más que asesor, Angarita era una suerte de 'lobbista' que se encargaba de sacar adelante, gracias a sus contactos, las propuestas. Los subsidios tenían un tope máximo de 500 millones de pesos por finca, pero gracias al fraccionamiento terminaron multiplicados hasta por cinco. Varios de los beneficiarios mencionaron a Angarita y aseguraron que simplemente accedieron a tomar una ruta que él les mostró, pero que se suponía era legal.
Por los presuntos delitos de peculado y falsedad tendrán que responder 4 integrantes de la familia Dávila y 10 de la familia Vives Lacouture, dos de las más reconocidas de la Costa Atlántica, que supuestamente se beneficiaron de millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro.
Los integrantes de la familia Vives Lacouture, según la Fiscalía, recibieron subsidios por 4.532 millones de pesos. Entre los 4 integrantes de la familia Dávila que deberán comparecer aparece la ex reina y actriz Valerie Domínguez Tarud.
El código penal prohibe que los funcionarios brinden asesoria para que los particulares efectúen esta clase de delitos contra la nación. De manera que si estos funcionarios asesoraron para que estos agroindustriales recibieran más subsidios que los que tenían derecho, que paguen. Lo que, no parece muy claro es que se esté inventando un tipo penal para castigar a los técnicos del Ministerio por el sólo hecho que los subsidios beneficiaron a los ricos.
Subsidiar la agroindustria es común en todos los países del mundo, porque tiene mayor impacto social positivo la agroindustria que paga salarios, prestaciones y compite, al minifundio improductivo y miserable. Si inventamos tipos penales para castigar conductas que un fiscal o juez consideran políticamente incorrectas, estamos actuando igual que los fiscales de Hitler y Stalin.
Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. Sólo el congreso, mediante ley, puede decir que es un delito. Lo contrario es tiranía.
