El destino de la investigación ligado a mezquinos intereses
Raúl Mestre
Ahora que la gente se queja de nuestra administración de justicia, estoy en medio de varios abogados, cruzadito de brazos, como si estuviera en una subasta y alguien con un martillo dijera a ver, a ver... ¿Quién se atreve a hablar”?.
“A mi me corresponde decir que en muchas ocasiones la justicia; con su morosidad se encarga de empujar a los familiares de las victimas; hacia un hueco más turbio y peligroso que la fosa donde yace el difunto. Hablo de esas “oscuras maniobras” que en ocasiones resultan, mas indignantes que la conducta del criminal.
“Si el delincuente es una persona despreciable, igual cosa podemos predicar del funcionario publico que omite el cumplimiento de su deber; dilatando los procesos, permitiendo la desaparición de las pruebas y vulnerando de paso el bien jurídico de la administración pública, contemplado en el artículo 413 del Código Penal”.
Cuando se profieren resoluciones judiciales “manifiestamente contrarias a la ley y al acervo probatorio”, se comete un delito de prevaricato que hacen al infractor acreedor a determinadas sanciones”. "Estas infracciones son las que comete un funcionario “al torcer el sentido de las probanzas y hacerse “el oreja sorda” cuando los familiares de la victima le piden que acelere una investigación”.
Con esa indiferencia, el funcionario le hace un ataque directo a los derechos del individuo y atenta contra “el cuerpo social" que ingenuamente espera eficiencia en la justicia, mejor dicho, ese funcionario comete un atentado contra el orden regulado por la ley.
Hace ya mucho tiempo, durante una de esas diligencias que los abogados tenemos que hacer en los despachos judiciales, escuché en la puerta de la fiscalía a cierto señor que repetía una y otra vez: “el fiscal no analizò las pruebas conforme a la sana crítica. Con ello no solo se estaba irrespetando a la ley sino al artículo 230 constitucional”.
A juicio del ciudadano en cuestión, en la Resolución de preclusión, a favor del criminal, se observa “una acomodación de los hechos, con el fin de justificar unas conclusiones que condujeron a dejar en libertad al asesino de su hijo “
Varios días después, y en un conocido restaurante, escuché a un hombre serio que se quejaba de la justicia diciendo: “Ese funcionario que investiga la muerte de mi hijo, profirió una decisión desconociendo los parámetros legales y el acervo probatorio que obraba en el expediente con el propósito de exculpar al responsable”.
He recordado ambos episodios al encontrar por estos días en los polvorientos libros que dejo mi tío; el doctor Raúl Jurado, una nota escrita con una prosa espléndida, la cual debería estar en todos los despachos judiciales: “El actuar se torna antijurídico, cuando sin justificación alguna se lesiona el bien jurídico alusivo a “la lealtad de los funcionarios” esa conducta afecta no solo el buen funcionamiento de la administración de justicia, sino el prestigio, el derecho, el deber de fidelidad, deber del cargo, en fin la disciplina”.
